Juan Román, dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros Paitití - Don Mario
“SI ORVANA MINERALS NO QUIERE TRABAJAR POR ALEGAR QUE YACIMIENTO PAITITÍ SE AGOTÓ Y VIOLA LA LEY, QUE REVIERTA LAS 11 ÁREAS MINERAS Y NOS LA ENTREGUEN”
- La Paz - Bolivia / 24 julio 2022 Agencia Noticias ANC - Prensa Internacional 5801838 edgar.elalto@gmail.com
Si Orvana Minerals Corp no quiere trabajar por yacimiento agotado (oro, plata, cobre) y vulnera las leyes, que revierta al Estado las 11 concesiones y nos la entreguen; los trabajadores sabemos que existe mineral; hemos trabajado 18 años y más de 2 sin administrador, la empresa siempre tuvo aumento de producción.
La afirmación pertenece a Juan Román, dirigente del Sindicato Trabajadores Mineros Paitití - Don Mario de San José de Chiquitos (Santa Cruz) quien junto a sus compañeros están en vigilia en La Paz esperando se apruebe el Proyecto 283 o “Ley Corta de Restitución de Derechos Laborales” que se discute en el Senado como Cámara revisora. Diputados ya lo aprobó.
Román resumió la “Acción Directa” que los mineros cruceños ejecutan desde que en 2020 fueron despedidos. Lucharon judicialmente y ganaron cuatro inapelables sentencias constitucionales: 321/2021-S1, 374/2021-S2, 346/2021-S1, y 1/2022-S4, Tomaron el Palacio de Justicia Santa cruz por casi 2 meses; ahora están en vigilia en la FSTMB esperando la “Ley Corta”
CEPB DEBE INSTRUIR CUMPLIR LAS LEYES
Acerca del reciente pronunciamiento de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia sobre la “Ley Corta”, Román explicó: “La CEPB alega que hemos minado el camino de los empresarios. Sí pero fue en respuesta a la ilegalidad, inconstitucionalidad y atropello de malos empresarios hacia los trabajadores”.
Y recomendó: “El Presidente de los empresarios debería instruir a sus afiliados que cumplan la Ley, llamarlos a la conciencia. Como trabajadores solo buscamos la restitución de nuestros derechos, como indican los artículos 48 al 50 de la Constitución”.
Esos malos empresarios demostraron que los resultados de sus acciones ilegales son padecidos en carne propia por los trabajadores y sus familias: dilación de procesos laborales, burlas de sus abogados, poder económico que compra conciencias… Y los jueces y fiscales solo deberían aplicar la Ley, NO son administradores de justicia, indicó.
GONI ACCIONISTA DE ORVANA
El dirigente afirmó que “sabíamos que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada era accionista mayoritario de Comsur y Orvana, propietaria de Paitití y otras minas. Ya en la década 1980 Orvana hizo exploraciones para Comsur y ellos saben que hay mucho mineral, con ganancias previsibles para casi un siglo. Es muy difícil que Goni haya dejado esta empresa. Eso lo saben Fundempresa y el Ministerio de Minería que tienen registrada a Orvana Minerals Corp.
Agregó que Orvana dio amplios poderes a su director ejecutivo, Juan Gavidia “para que despida a los trabajadores y dirigentes, sin importa que sea legal o no. Su afán es deshacerse del Sindicato, ya lo intentaron en 2017 cuando quisieron dividir a los trabajadores, pero eso nos fortaleció”.
Gavidia indica que es psicólogo, que nos estudió; él no sabe que los trabajadores bolivianos siempre hemos hecho respetar la ley, nuestros derechos y la soberanía nacional. Ellos no quieren que haya sindicato que le observe sus errores sobre cómo producir cumpliendo la Ley, precisó.
“Como Sindicato tuvimos que frenar actitudes negativas del empresario, eso no le gustó y despidió a todos los trabajadores e intentó contratar microempresas, sin beneficios sociales reconocidos por la Ley General del Trabajo y la Constitución”, indicó.
REVERSION DE 11 CONCESIONES
La Empresa Paitití debería estar en actividad y cumplir función socioeconómica; no lo hace. Si las autoridades judiciales aplicaran estrictamente la Ley, por las 4 sentencias constitucionales ganadas, las 11 áreas que le fueron concedidas ya debieron ser revertidas al Estado.
“Pero la Autoridad Jurisdiccional Minera AJAM Santa Cruz se presta a favores hacia la empresa y permite adecuación de concesiones a la Ley Minera. Falta seguimiento más estricto para que la empresa cumpla la Ley 535 de Minería, la de Medio Ambiente y la Ley General del Trabajo”, explicó.
Reveló que “hay un documento, un Poder Amplio y Especial, firmado por accionistas de Orvana, que autoriza despedir trabajadores, y hacer uso del poder económico, inclusive para corromper conciencias de autoridades testigos; eso está en la documentación que presentó Paitití en los procesos, y las autoridades del Ministerio de Minería, y de Trabajo, lo saben”.
La empresa sabe que, como dice la Constitución, despedir dirigentes sindicales es ilegal. Y además, según la empresa, el despido masivo de trabajadores fue por tres motivos “mutados” pero que “solo son excusas: a) Implementación de tecnología, eso NO es causal de despido masivo; b) Elevados costos de insumos para refinar el mineral, tampoco es causal pues una quiebra se da por mala gerencia, que maneja Balances, POA y otros procesos; c) Agotamiento del yacimiento, es falso porque el Ministerio de Minería documentó que sí existe mineral, y para muchos decenios”
Los trabajadores, dijo Román, estamos 18 años y hemos instalado 5 de las 6 plantas de la empresa, desde la piedra fundamental. Conocemos la mina y el trabajo que se debe hacer. “En realidad el despido masivo se dio cuando la veta minera se ensanchó y la ley del mineral aumentó. Y no es la única área, son 11 concesiones, y hasta ahora no se explota ni el 50%”, dijo.
TRABAJADORES EJERCEN CONTROL SOCIAL
Por ello, ratificó que “los trabajadores tenemos capacidad, conocimiento y experiencia para producir y generar divisas, nosotros no sacaremos las ganancias al exterior como lo hacen las empresas transnacionales, lo manejaríamos aquí; pagaríamos regalías a nuestro Departamento, y compensaciones sociales según Ley.
Aclaró que los mineros de Paitití ejercen control social y fiscalización al manejo de la empresa. “Es como ocurre en empresas fabriles o entidades estatales, una Alcaldía u otros. Inclusive, debería haber un control social en la justicia, que vea se apliquen las leyes y haga respetar a la persona que reclama derechos”.
Las empresas transnacionales trabajan con 2 o 3 caros bufetes de abogados. El trabajador se limita a conocer cuáles son sus derechos y espera que se apliquen y, luego producir y generar ingresos, y no tiene dinero para juicios, porque es proletario y tiene familia, explicó.
“En cuanto a la aplicación de justicia, los trabajadores estamos en total desventaja ante el empresario, quien actúa como ‘mañudo y vulnerador de derechos laborales’; inclusive ataca al dirigente y convoca a trabajadores testigos bajo amenaza de despido. O bien se inventa que el trabajador ha robado o cometió otro delito, y recurre a procesos calumniosos, se aprovecha de la necesidad del trabajador para que testifique contra sus mismos compañeros”, reveló. FIN
Ref:
68335655 - Juan Román, dirigente Sindicato Minero Paitití, Santa Cruz.